El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente ha mantenido una reunión con el secretario general de FeSP – UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña en la que han participado también representantes del sindicato y responsables del Área de Asuntos Sociales, donde se les ha comunicado la intención de la institución provincial de iniciar los trámites para sacar una nueva licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en la que se tengan en cuenta los costes salariales del nuevo Convenio Colectivo del sector, tras su modificación el pasado año, para que de esta manera se repercutan por la empresa adjudicataria en el personal que presta el Servicio en el ámbito territorial de Diputación. Por ello, en la Comisión Informativa de Asuntos Sociales de este mes de enero, se les ha trasladado ya a los diferentes grupos políticos, y se llevará al Pleno del próximo 25 de enero el inicio del expediente administrativo.
Tal y como ha explicado De Vicente, “con esta decisión, la Diputación pone de manifiesto su interés en que el Servicio de Ayuda a Domicilio se preste garantizando, en la medida que el marco laboral lo permite, que el personal auxiliar pueda beneficiarse de las mejoras incluidas en el nuevo Convenio Colectivo, destacando, como siempre hemos pretendido, su trabajo como pilar principal para poner en valor este servicio que se presta en cientos de hogares de nuestra provincia”.
Cabe recordar que, con la licitación vigente ya comprometida a finales de 2022, se publicó en el BOCYL el Acuerdo de Mediación entre patronal y sindicatos en virtud del cual se modificaba el Convenio Colectivo Regional de Castilla y León para la actividad de Ayuda a Domicilio, teniendo efectos considerables sólo para las nuevas licitaciones, al establecer dos tablas salariales en función de si eran anteriores o posteriores a la publicación de dicho Acuerdo. De esta manera, ha continuado exponiendo el presidente “iniciando un nuevo expediente de contratación, esta Diputación esta Diputación anticipa la resolución de la vigencia total del contrato prevista para 4 años y favorece así al personal auxiliar que se había visto discriminado con el criterio que fijaron las partes firmantes del Convenio, y poniendo todas las partes su voluntad para que esto sea así”.
Transitoriamente, para llevar a cabo los trámites administrativos de la próxima licitación, es preciso, jurídicamente, prorrogar el contrato para asegurar la prestación de un servicio considerado esencial, y tener el soporte jurídico que avale su prestación con las condiciones mínimas exigidas en el Pliego; todo ello, hasta que finalizado el proceso administrativo y de adjudicación, se tenga un nuevo adjudicatario.
